Residentes de los barrios del sector del Centro y aledaños a la carrera Quinta están cansados del exceso de ruido que hacen las denominadas ‘Chivas rumberas’.
A pesar de que el Ministerio de Transporte en abril del año pasado emitió una circular solicitando a las autoridades de tránsito intensificar los controles de estos vehículos, continúan las quejas por los altos niveles de ruido.
Tal es el caso del barrio Limonar, una zona que se ha vuelto comercial, pero donde se quejan porque el ruido es estruendoso, y cuando los habitantes les piden que bajen el
volumen son agredidos de manera verbal por los usuarios de las chivas.
El secretario de Tránsito de Ibagué, José Alexis Mahecha, informó que se han llevado a cabo varias reuniones de socialización con los representantes de estas empresas y con
los conductores para poder regular las rutas, el ruido, y la no ingesta de licor y la presencia de menores de edad.
“Los empresarios han sido muy receptivos en el control y la regulación. Están de acuerdo con que las bocinas o, amplificadores de sonido estén dirigidos hacia la parte interna de los vehículos y a un volumen moderado”, sostuvo Mahecha.
Agregó que, se comprometieron a no transitar por los barrios o sitios residenciales que puedan afectar la tranquilidad y sueño de la comunidad. “Lo que hemos encontrado es que algunos están cumpliendo los compromisos y yo sí le pediría a la comunidad que nos denunciara casos específicos: qué vehículo y qué placa no cumplió para requerir al empresario y si es necesario aplicar lo correspondiente al Código Nacional de Policía”, sostuvo Mahecha.
El director de Turismo de la Alcaldía de Ibagué, Carlos Meneses, indicó que a la fecha se tienen seis empresas que prestan el servicio de chivas y se encuentran legalmente
constituidas en la ciudad.
Según el funcionario, se han realizado ocho campañas pedagógicas de sensibilización y cada fin de semana se verifica la documentación de los vehículos, que tengan el registro nacional de turismo vigente, el tema del sobrecupo y se trabaja en la prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.
